sábado, 26 de abril de 2008
Pedirá Barrales expulsar del PRD a impulsores de las modificaciones
Gabriela Romero Sánchez
Alejandra Barrales, presidenta electa del Partido de la Revolución Democrática en el DF (PRD-DF), y diputados locales y federales, interpondrán un recurso ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido solicitando la expulsión de los perredistas que apoyaron las reformas al Estatuto de Gobierno del DF, y en los próximos días promoverán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, Barrales Magdaleno afirmó que en la aprobación de estas reformas, Ruth Zavaleta, Victorio Montalvo y Moisés Dagdug Lutzow, entre otros, incurrieron en anomalías que van desde la falta de discusión de la minuta enviada por el Senado hasta el omitir su lectura en el pleno, avalando así “el albazo legislativo” que orquestaron PAN y PRI.
Acciones, detalló, con las que no sólo se afectó la línea política del partido, sino que dañan el trabajo que se realiza en la ciudad de México y en la Asamblea Legislativa. “Con este albazo tratan de ganar en la mesa lo que no son capaces de hacer en las urnas, al actuar como un partido satélite se les olvida que en el DF, porque así lo decide la ciudadanía, el PRD es mayoría”.
Advirtió que si quieren comportarse “como azules, que se vayan a las filas de los azules, a los perredistas nos da vergüenza ese tipo de actuaciones”.
El presidente de la Comisión del DF de la Cámara de Diputados, Gerardo Villanueva, agregó que una llamada telefónica del senador René Arce a Victorio Montalvo, Lourdes Alonso, Ruth Zavaleta, y Moisés Dagdug Lutzow, fue suficiente para que acudieran a la sede alterna a votar en favor de las reformas, aun sin conocerlas. “Van por espacios administrativos en el Instituto Electoral capitalino, ofrecieron cuotas de poder a consejeros, al PRI y al PAN, aquí no son inocentes ni la senadora María de los Ángeles Moreno ni Federico Döring”, alertó.
El diputado local Agustín Guerrero, aseguró que estas reformas no “van a pasar”, ya que como legisladores cuentan con personalidad jurídica para interponer una controversia ante la SCJN en el momento en que se publiquen éstas en el Diario Oficial.
Anticipó que el lunes el Consejo Estatal tomará decisiones firmes para enfrentar por la vía legal esta contrarreforma y en contra de quienes han decidido ya no participar dentro del PRD como Arce, Círigo y Zavaleta.
Alejandra Barrales, presidenta electa del Partido de la Revolución Democrática en el DF (PRD-DF), y diputados locales y federales, interpondrán un recurso ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido solicitando la expulsión de los perredistas que apoyaron las reformas al Estatuto de Gobierno del DF, y en los próximos días promoverán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, Barrales Magdaleno afirmó que en la aprobación de estas reformas, Ruth Zavaleta, Victorio Montalvo y Moisés Dagdug Lutzow, entre otros, incurrieron en anomalías que van desde la falta de discusión de la minuta enviada por el Senado hasta el omitir su lectura en el pleno, avalando así “el albazo legislativo” que orquestaron PAN y PRI.
Acciones, detalló, con las que no sólo se afectó la línea política del partido, sino que dañan el trabajo que se realiza en la ciudad de México y en la Asamblea Legislativa. “Con este albazo tratan de ganar en la mesa lo que no son capaces de hacer en las urnas, al actuar como un partido satélite se les olvida que en el DF, porque así lo decide la ciudadanía, el PRD es mayoría”.
Advirtió que si quieren comportarse “como azules, que se vayan a las filas de los azules, a los perredistas nos da vergüenza ese tipo de actuaciones”.
El presidente de la Comisión del DF de la Cámara de Diputados, Gerardo Villanueva, agregó que una llamada telefónica del senador René Arce a Victorio Montalvo, Lourdes Alonso, Ruth Zavaleta, y Moisés Dagdug Lutzow, fue suficiente para que acudieran a la sede alterna a votar en favor de las reformas, aun sin conocerlas. “Van por espacios administrativos en el Instituto Electoral capitalino, ofrecieron cuotas de poder a consejeros, al PRI y al PAN, aquí no son inocentes ni la senadora María de los Ángeles Moreno ni Federico Döring”, alertó.
El diputado local Agustín Guerrero, aseguró que estas reformas no “van a pasar”, ya que como legisladores cuentan con personalidad jurídica para interponer una controversia ante la SCJN en el momento en que se publiquen éstas en el Diario Oficial.
Anticipó que el lunes el Consejo Estatal tomará decisiones firmes para enfrentar por la vía legal esta contrarreforma y en contra de quienes han decidido ya no participar dentro del PRD como Arce, Círigo y Zavaleta.
El gobierno de Chihuahua entrega vehículos a curas
Ni exclusividad ni favoritismo hacia algún credo, precisa funcionario
Miroslava Breach Velducea (Corresponsal)
Chihuahua, Chih., 25 de abril. Siete camionetas propiedad del gobierno de Chihuahua fueron entregadas en comodato a igual número de diócesis de la entidad, informó el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Sergio Martínez Garza, quien reconoció que la administración estatal entrega “diversos apoyos” a distintas organizaciones religiosas de la entidad.
El funcionario explicó que mediante esa figura jurídica, los bienes públicos, en este caso seis camionetas tipo Suburban, fueron otorgadas para uso y usufructo de los miembros de la jerarquía católica, debido a la necesidad específica que tienen de desplazarse de forma segura por el estado.
No precisó el costo de los siete vehículos ni el modelo de los mismos, pero insistió en que la propiedad y dominio de la administración estatal sobre los mismos, continúa ejerciéndose.
Martínez Garza mencionó que desde hace tiempo la administración estatal, presidida por el priísta José Reyes Baeza Terrazas, proporciona diversos apoyos a las diferentes organizaciones religiosas del estado, cuyos nombres no precisó, y no hay exclusividad ni favoritismo hacia algún credo religioso en específico.
Por ello, agregó, la entrega de las camionetas a las siete diócesis se hizo siguiendo la tónica de respaldar los trabajos y actividades que realizan, “como se hace con otras asociaciones, de acuerdo con sus necesidades y la capacidad que tiene el gobierno”.
Indicó que la política del gobierno de Chihuahua es de total apertura y respeto a las diferentes iglesias, y en esa medida, atiende las solicitudes para proporcionar fondos o bienes a las labores que llevan a cabo en bien de la sociedad.
Miroslava Breach Velducea (Corresponsal)
Chihuahua, Chih., 25 de abril. Siete camionetas propiedad del gobierno de Chihuahua fueron entregadas en comodato a igual número de diócesis de la entidad, informó el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Sergio Martínez Garza, quien reconoció que la administración estatal entrega “diversos apoyos” a distintas organizaciones religiosas de la entidad.
El funcionario explicó que mediante esa figura jurídica, los bienes públicos, en este caso seis camionetas tipo Suburban, fueron otorgadas para uso y usufructo de los miembros de la jerarquía católica, debido a la necesidad específica que tienen de desplazarse de forma segura por el estado.
No precisó el costo de los siete vehículos ni el modelo de los mismos, pero insistió en que la propiedad y dominio de la administración estatal sobre los mismos, continúa ejerciéndose.
Martínez Garza mencionó que desde hace tiempo la administración estatal, presidida por el priísta José Reyes Baeza Terrazas, proporciona diversos apoyos a las diferentes organizaciones religiosas del estado, cuyos nombres no precisó, y no hay exclusividad ni favoritismo hacia algún credo religioso en específico.
Por ello, agregó, la entrega de las camionetas a las siete diócesis se hizo siguiendo la tónica de respaldar los trabajos y actividades que realizan, “como se hace con otras asociaciones, de acuerdo con sus necesidades y la capacidad que tiene el gobierno”.
Indicó que la política del gobierno de Chihuahua es de total apertura y respeto a las diferentes iglesias, y en esa medida, atiende las solicitudes para proporcionar fondos o bienes a las labores que llevan a cabo en bien de la sociedad.
Aceptan intelectuales petición del EPR para formar comisión civil mediadora
De la Redacción
Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Montemayor aceptaron la propuesta del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de formar parte de una comisión civil mediadora en el entendido de que tiene un carácter puntual en cuanto a la liberación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que esa organización no realizará acciones armadas mientras dure la intermediación y que el gobierno federal fije su postura frente a esa iniciativa.
En un documento publicado en la página web del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, el antropólogo López y Rivas, el obispo Samuel Ruiz, el periodista Granados Chapa y el escritor Carlos Montemayor respondieron a la propuesta realizada por el EPR mediante un comunicado emitido el pasado 24 de abril.
En el texto de respuesta se menciona que “por los medios de comunicación hemos comprobado la persistencia de su demanda sobre la presentación con vida de dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007”.
Los cuatro consideran “de gran importancia, en las difíciles condiciones que vive nuestro país, toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”.
Refieren: “aceptamos en principio esta encomienda que proponen en el entendido: a) que tiene un carácter puntual referido a las gestiones necesarias para lograr la presentación de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, b) que esperamos del gobierno federal su posición pública frente a esta iniciativa, y c) que mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de su parte”.
En cuanto a la propuesta de que el Frente Nacional Contra la Represión también participe en el citado grupo intermediador, se dio a conocer que esa organización deberá decidir su postura en una reunión próxima.
Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Montemayor aceptaron la propuesta del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de formar parte de una comisión civil mediadora en el entendido de que tiene un carácter puntual en cuanto a la liberación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que esa organización no realizará acciones armadas mientras dure la intermediación y que el gobierno federal fije su postura frente a esa iniciativa.
En un documento publicado en la página web del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, el antropólogo López y Rivas, el obispo Samuel Ruiz, el periodista Granados Chapa y el escritor Carlos Montemayor respondieron a la propuesta realizada por el EPR mediante un comunicado emitido el pasado 24 de abril.
En el texto de respuesta se menciona que “por los medios de comunicación hemos comprobado la persistencia de su demanda sobre la presentación con vida de dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007”.
Los cuatro consideran “de gran importancia, en las difíciles condiciones que vive nuestro país, toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”.
Refieren: “aceptamos en principio esta encomienda que proponen en el entendido: a) que tiene un carácter puntual referido a las gestiones necesarias para lograr la presentación de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, b) que esperamos del gobierno federal su posición pública frente a esta iniciativa, y c) que mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de su parte”.
En cuanto a la propuesta de que el Frente Nacional Contra la Represión también participe en el citado grupo intermediador, se dio a conocer que esa organización deberá decidir su postura en una reunión próxima.
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