Por un lado la crisis alimentaria, que no puede ser detenida por decreto ni con las acciones llamadas anticíclicas, y por otro las declaraciones de inexistencia de excedentes petroleros, junto con la amenaza de verse obligado a subir los precios de combustibles, han situado al gobierno federal en el límite del paroxismo.
La intervención de Felipe Calderón ante la plana mayor de su gabinete es reveladora. Es el reconocimiento a la incapacidad de servidores públicos de alto nivel que no saben, no pueden o no quieren tomar decisiones por temor, inexperiencia o indolencia. Convocar a sus principales colaboradores para que apliquen el presupuesto a infraestructura, negarse a favorecer los intereses de sus amigos y familiares, no incurrir en actos de corrupción e ineficacia, es aceptar tácitamente que todas esas conductas están frenando, no la transformación del país como lo señala Felipe Calderón en el regaño oficial y público, sino los más elementales principios de la confianza y el buen gobierno.
Pero en el fondo yacen las cotidianas derrotas que sufre su temeraria reforma “energética”. Desde el mundo de la academia, la opinión pública, algunos medios de comunicación veraces y confiables, hasta opiniones de sus aliados priístas y frentes políticos y sindicales, se lanzan contra la aberrante iniciativa que sin atreverse a decir la verdad, que es la privatización de nuestra industria petrolera, quiere maquillarse como presunto “fortalecimiento” de Pemex.
Por eso, cada vez son mayores y de gran peso las opiniones en el debate senatorial, que comprueban las inconsistencias de la argumentación para tratar de fundar los propósitos privatizadores. Los resultados de cada sesión caen como pesada lápida sobre quienes defienden lo indefendible. Es el caso de Jesús Reyes Heroles González Garza, (así de largo es su nombre que contrasta con su corta visión en materia petrolera), que desprecia a la mayoría de los mexicanos porque el asunto es “muy complejo” y fuera de su entendimiento; y los siempre desafortunados comentarios de la señora Georgina Kessel menospreciando la consulta popular, al decir que ésta ya se dio en el 2006, año del nefasto resultado en la elección presidencial que partió a México en dos, (patriotas y traidores).
El barco del gobierno federal hace agua. La magnitud de las gigantescas olas de inconformidad popular presagia un tsunami de estelas impredecibles. Naufraga al lado de la reforma petrolera la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, las medidas por detener la crisis alimentaria, el alza de precios generalizada y las alianzas políticas y económicas por falta de confianza en el máximo poder. ¿Podrán Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, salvar esta vez al gobierno federal que padecemos?
*Diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia y abogado constitucionalista.