Es tiempo de cambiar la política económica y de orientar el presupuesto público para apoyar al pueblo: AMLO México, Distrito Federal
Martes 04 de noviembre de 2008
* Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el acto de entrega del Programa para la defensa de la Economía Popular, a los diputados federales del Frente Amplio Progresista, en el Palacio Legislativo de San Lázaro
Programa para la Defensa de la Economía Popular Acciones en Materia presupuestaria
Presentación
La campaña presidencial de 2006 tuvo siempre como telón de fondo, la confrontación política de dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación.
Nuestros adversarios, sostuvieron que había que mantener la misma política económica, que desde 1983 se ha venido imponiendo, para garantizar los privilegios de una minoría, de nacionales y extranjeros, a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Incluso Vicente Fox llegó a decir que había que cambiar de jinete pero no de caballo.
Las cúpulas empresariales hicieron una campaña publicitaria atemorizando a la población sobre las “terribles” consecuencias que tendrían los cambios que proponíamos. Hablaron incluso de fuga de capitales, de devaluación, desempleo y que la población iba a perder hasta sus viviendas.
Nosotros dijimos, una y otra vez, que había que cambiar la política económica neoliberal, que era imprescindible abolir los privilegios y cortar de tajo con la corrupción imperante. Siempre sostuvimos, y seguimos sosteniendo, que el principal objetivo del gobierno, debe ser impulsar las actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar del pueblo.
Como todos sabemos, cuando era inminente nuestro triunfo en las elecciones presidenciales del 2006, la minoría que defiende la política de pillaje llamada neoliberal, se confabuló para llevar a cabo un gran fraude electoral e imponer a un títere como presidente de la República.
Después del fraude, nosotros decidimos seguir adelante defendiendo al pueblo, al patrimonio nacional y organizando a la gente para llevar a cabo las transformaciones que necesita el país. Así mismo, continuamos enarbolando nuestro proyecto alternativo de Nación.
En este marco, el 22 de agosto de 2007, volvimos a insistir sobre la necesidad de cambiar la política económica, sobre todo, ante los efectos que tendría la crisis económica de Estados Unidos en nuestro país. Inclusive, fuimos los primeros en advertir que se aproximaba una devaluación de nuestra moneda.
El gobierno usurpador no sólo desatendió nuestras recomendaciones sino, guiado por la inercia neoliberal, mantuvo las políticas de abandono a las actividades productivas y a la creación de empleo.
Es más, decidió aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica; apuntaló los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes y creó el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), que golpea a pequeñas y medianas empresas y frena la generación de empleos. No hizo nada para impulsar la autosuficiencia alimentaria y continuó con el criterio de comprar todo lo que consumimos en el extranjero.
Impidió la libre competencia con la protección a los monopolios, que cobran precios exagerados por bienes y servicios, afectando a consumidores y empresas. Y en vez de llevar acabo un plan de austeridad para liberar fondos para el desarrollo, en dos años, el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400 mil millones de pesos, utilizando para ello los excedentes petroleros.
En fin, se ha perdido el tiempo, se ha dejado de aprovechar la oportunidad de precios altos del petróleo que, difícilmente, se volverá a presentar. Y ahora nos impacta la crisis de Estados Unidos con una economía muy debilitada y con una devaluación de más del 30 por ciento de nuestra moneda.
Pero lo más grave, es que a pesar del derrumbe de la política económica neoliberal, esta minoría rapaz y su gobierno, están decididos a mantener el mismo modelo y las mismas estrategias que, una y otra vez, han fracasado.
Así por ejemplo, en vez de salir a defender la economía de la mayoría de la población, el gobierno usurpador está empeñado en seguir protegiendo a los potentados.
Para ello ha utilizado, hasta ahora, 15 mil millones de dólares de las reservas internacionales de nuestro país. Y está creciendo el rumor de que está implementando un programa de rescate a bancos y grandes empresas con dinero del presupuesto público y garantías del Estado mexicano.
Este programa lo quieren disfrazar como apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuando en realidad está pactado para apoyar a los mismos de siempre, a los cuales vamos a ir denunciando puntualmente.
Desde ahora, adelanto que este rescate va dirigido a los empresarios que apoyaron con dinero la campaña de Calderón, llevaron a cabo la guerra sucia y participaron en el fraude electoral.
Frente a esta desfachatez y la pretensión de seguir utilizando al gobierno y al presupuesto en beneficio de una minoría, nosotros hemos decidido impulsar, con toda la fuerza de nuestro movimiento, un programa de defensa de la economía popular para proteger a la mayoría de los mexicanos.
De manera específica, proponemos crear una bolsa de 369 mil millones de pesos, que se obtendrían de la reducción del gasto destinado a mantener los privilegios de la alta burocracia y de partidas que no se han ejercido por falta de capacidad operativa del gobierno usurpador.
Este fondo se utilizaría de la siguiente manera:
1. Proponemos que se establezcan precios de garantía a productores rurales y subsidios a fertilizantes y otros insumos, para lograr la soberanía alimentaria y dejar de comprar lo que consumimos en el extranjero. Con esta decisión se iniciaría el rescate del campo, se apoyaría a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, se crearían empleos y se estaría enfrentando el fenómeno migratorio.
2. Deben construirse tres refinerías para dejar de importar las gasolinas, el diesel y otros petrolíferos.
3. Es urgente implementar un programa de construcción de caminos de concreto para crear empleos y comunicar las cabeceras municipales de las zonas marginadas. Existen más de 100 municipios (en los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla) de los 2 mil 36 ayuntamientos de régimen de partido del país, que sólo cuentan con caminos de terracería en mal estado. Así mismo, de los 418 municipios de usos y costumbres del estado de Oaxaca, el 65 por ciento no tiene acceso a sus cabeceras municipales por caminos pavimentados. De este modo, no sólo se enfrenta el problema del aislamiento físico, sino también se generan empleos en estas regiones pobres y marginadas del país.
4. Es indispensable impulsar la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos, mediante la introducción de agua potable, drenaje, pavimento, escuelas, centros de salud, espacios recreativos y deportivos, en localidades del medio rural y en colonias populares de las ciudades.
5. Con el mismo propósito de crear empleos y de mejorar las condiciones de vida de la gente pobre del campo y de la ciudad, debe ponerse en práctica un amplio programa de mejoramiento y construcción de vivienda.
6. Es el momento de aplicar en todo el país el programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores. Inclusive, esta ayuda debe otorgarse, a partir de los 65 años de edad, cuando menos en zonas indígenas y de mayor pobreza del campo y la ciudad.
7. Hay que entregar de inmediato sus ahorros a los trabajadores ex braceros.
8. Se deben otorgar becas mensuales, equivalentes a medio salario mínimo, a todos los discapacitados pobres de México.
9. Hay que apoyar a madres solteras, con el propósito de que sus hijos no abandonen la escuela.
10. Se deben entregar, de manera gratuita, todos los útiles escolares para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de escuelas públicas.
11. Todos los estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas deben contar con becas mensuales; de 500 pesos para los alumnos que obtengan calificaciones de 6 a 7.5; de 600 pesos para los que obtengan de 7.5 a 9; y de 700 pesos mensuales a los de más de 9.
12. Debe garantizarse a todos los jóvenes, en edad de estudiar en el nivel superior, el ingreso a las universidades públicas. La meta debe ser que no haya rechazados y lograr 100 por ciento de cobertura.
13. Hay que convertir en realidad el derecho constitucional a la salud. Cuando menos debe otorgarse atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social.
14. Debe ampliarse el programa de leche Liconsa a más familias y mantenerse el mismo precio.
15. Es urgente instalar comedores o cocinas populares en las zonas más pobres del campo y la ciudad.
16. Deben bajarse de inmediato los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Es necesario tener presente que cuando el gobierno usurpador aumentó los precios de estos energéticos, utilizó como argumento de que los precios del petróleo habían subido en el mercado internacional. Sin embargo, ahora que los precios del petróleo han bajado, deben revertirse estos aumentos.
17. Es preciso frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la población en general.
En los 23 meses que lleva Calderón usurpando el gobierno, mientras el desempleo es el más alto de los últimos ocho años y el salario mínimo sólo se ha incrementado en 8 por ciento, el precio de la tortilla ha aumentado en 42 por ciento; el pan 60 por ciento; la leche 53 por ciento; el frijol 100 por ciento; la lenteja 130 por ciento; el arroz 130 por ciento; el aceite 130 por ciento; la carne de res 160 por ciento; la carne de cerdo 50 por ciento; el pollo 50 por ciento; el café 65 por ciento; el azúcar 40 por ciento; las pastas para sopa 62 por ciento; la gasolina 10 por ciento; el diesel 18 por ciento; el gas 20 por ciento; y la luz, sólo en lo que va del año, 100 por ciento.
Por eso, debe garantizarse que no sigan aumentando, es decir, que se congelen los precios de los siguientes alimentos, productos y servicios: tortilla, pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res y de cerdo, pollo, café, azúcar, pastas, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de vivienda, colegiaturas, predial y peaje de carreteras.
18. Debe establecerse la protección contra pérdidas de los Fondos de Pensiones de los Trabajadores. De acuerdo con datos de la Comisión del Ahorro para el Retiro (CONSAR), durante los últimos meses, las Afores han perdido 53 mil millones de pesos por la crisis financiera y por la irresponsabilidad de poner los ahorros en el mercado especulativo. Sin embargo, estas administradoras financieras reportaron ganancias por 11 mil millones de pesos por el cobro de onerosas comisiones.
En consecuencia, es necesario que intervenga el Estado y se revoque la decisión de privatizar el manejo de los fondos de retiro de los trabajadores. Es urgente evitar que los trabajadores y las clases medias sigan perdiendo sus fondos de pensiones que les permitirán vivir con decoro en la vejez.
Diputadas y Diputados del Frente Amplio Progresista:
Este programa de defensa de la economía popular, puede aprobarse en la Cámara de Diputados e incluirse en el presupuesto del año próximo.
Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre. Urge utilizar todos los instrumentos del Estado, en particular el presupuesto público, para apoyar y proteger al pueblo en estos tiempos difíciles.
Si se aprueba este plan anticrisis en el Congreso, es posible enfrentar el sentimiento de frustración y la incertidumbre que prevalece, creando un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México.
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Programa para la Defensa de la Economía Popular Acciones en Materia presupuestaria
Presentación
La campaña presidencial de 2006 tuvo siempre como telón de fondo, la confrontación política de dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación.
Nuestros adversarios, sostuvieron que había que mantener la misma política económica, que desde 1983 se ha venido imponiendo, para garantizar los privilegios de una minoría, de nacionales y extranjeros, a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Incluso Vicente Fox llegó a decir que había que cambiar de jinete pero no de caballo.
Las cúpulas empresariales hicieron una campaña publicitaria atemorizando a la población sobre las “terribles” consecuencias que tendrían los cambios que proponíamos. Hablaron incluso de fuga de capitales, de devaluación, desempleo y que la población iba a perder hasta sus viviendas.
Nosotros dijimos, una y otra vez, que había que cambiar la política económica neoliberal, que era imprescindible abolir los privilegios y cortar de tajo con la corrupción imperante. Siempre sostuvimos, y seguimos sosteniendo, que el principal objetivo del gobierno, debe ser impulsar las actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar del pueblo.
Como todos sabemos, cuando era inminente nuestro triunfo en las elecciones presidenciales del 2006, la minoría que defiende la política de pillaje llamada neoliberal, se confabuló para llevar a cabo un gran fraude electoral e imponer a un títere como presidente de la República.
Después del fraude, nosotros decidimos seguir adelante defendiendo al pueblo, al patrimonio nacional y organizando a la gente para llevar a cabo las transformaciones que necesita el país. Así mismo, continuamos enarbolando nuestro proyecto alternativo de Nación.
En este marco, el 22 de agosto de 2007, volvimos a insistir sobre la necesidad de cambiar la política económica, sobre todo, ante los efectos que tendría la crisis económica de Estados Unidos en nuestro país. Inclusive, fuimos los primeros en advertir que se aproximaba una devaluación de nuestra moneda.
El gobierno usurpador no sólo desatendió nuestras recomendaciones sino, guiado por la inercia neoliberal, mantuvo las políticas de abandono a las actividades productivas y a la creación de empleo.
Es más, decidió aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica; apuntaló los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes y creó el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), que golpea a pequeñas y medianas empresas y frena la generación de empleos. No hizo nada para impulsar la autosuficiencia alimentaria y continuó con el criterio de comprar todo lo que consumimos en el extranjero.
Impidió la libre competencia con la protección a los monopolios, que cobran precios exagerados por bienes y servicios, afectando a consumidores y empresas. Y en vez de llevar acabo un plan de austeridad para liberar fondos para el desarrollo, en dos años, el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400 mil millones de pesos, utilizando para ello los excedentes petroleros.
En fin, se ha perdido el tiempo, se ha dejado de aprovechar la oportunidad de precios altos del petróleo que, difícilmente, se volverá a presentar. Y ahora nos impacta la crisis de Estados Unidos con una economía muy debilitada y con una devaluación de más del 30 por ciento de nuestra moneda.
Pero lo más grave, es que a pesar del derrumbe de la política económica neoliberal, esta minoría rapaz y su gobierno, están decididos a mantener el mismo modelo y las mismas estrategias que, una y otra vez, han fracasado.
Así por ejemplo, en vez de salir a defender la economía de la mayoría de la población, el gobierno usurpador está empeñado en seguir protegiendo a los potentados.
Para ello ha utilizado, hasta ahora, 15 mil millones de dólares de las reservas internacionales de nuestro país. Y está creciendo el rumor de que está implementando un programa de rescate a bancos y grandes empresas con dinero del presupuesto público y garantías del Estado mexicano.
Este programa lo quieren disfrazar como apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuando en realidad está pactado para apoyar a los mismos de siempre, a los cuales vamos a ir denunciando puntualmente.
Desde ahora, adelanto que este rescate va dirigido a los empresarios que apoyaron con dinero la campaña de Calderón, llevaron a cabo la guerra sucia y participaron en el fraude electoral.
Frente a esta desfachatez y la pretensión de seguir utilizando al gobierno y al presupuesto en beneficio de una minoría, nosotros hemos decidido impulsar, con toda la fuerza de nuestro movimiento, un programa de defensa de la economía popular para proteger a la mayoría de los mexicanos.
De manera específica, proponemos crear una bolsa de 369 mil millones de pesos, que se obtendrían de la reducción del gasto destinado a mantener los privilegios de la alta burocracia y de partidas que no se han ejercido por falta de capacidad operativa del gobierno usurpador.
Este fondo se utilizaría de la siguiente manera:
1. Proponemos que se establezcan precios de garantía a productores rurales y subsidios a fertilizantes y otros insumos, para lograr la soberanía alimentaria y dejar de comprar lo que consumimos en el extranjero. Con esta decisión se iniciaría el rescate del campo, se apoyaría a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, se crearían empleos y se estaría enfrentando el fenómeno migratorio.
2. Deben construirse tres refinerías para dejar de importar las gasolinas, el diesel y otros petrolíferos.
3. Es urgente implementar un programa de construcción de caminos de concreto para crear empleos y comunicar las cabeceras municipales de las zonas marginadas. Existen más de 100 municipios (en los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla) de los 2 mil 36 ayuntamientos de régimen de partido del país, que sólo cuentan con caminos de terracería en mal estado. Así mismo, de los 418 municipios de usos y costumbres del estado de Oaxaca, el 65 por ciento no tiene acceso a sus cabeceras municipales por caminos pavimentados. De este modo, no sólo se enfrenta el problema del aislamiento físico, sino también se generan empleos en estas regiones pobres y marginadas del país.
4. Es indispensable impulsar la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos, mediante la introducción de agua potable, drenaje, pavimento, escuelas, centros de salud, espacios recreativos y deportivos, en localidades del medio rural y en colonias populares de las ciudades.
5. Con el mismo propósito de crear empleos y de mejorar las condiciones de vida de la gente pobre del campo y de la ciudad, debe ponerse en práctica un amplio programa de mejoramiento y construcción de vivienda.
6. Es el momento de aplicar en todo el país el programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores. Inclusive, esta ayuda debe otorgarse, a partir de los 65 años de edad, cuando menos en zonas indígenas y de mayor pobreza del campo y la ciudad.
7. Hay que entregar de inmediato sus ahorros a los trabajadores ex braceros.
8. Se deben otorgar becas mensuales, equivalentes a medio salario mínimo, a todos los discapacitados pobres de México.
9. Hay que apoyar a madres solteras, con el propósito de que sus hijos no abandonen la escuela.
10. Se deben entregar, de manera gratuita, todos los útiles escolares para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de escuelas públicas.
11. Todos los estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas deben contar con becas mensuales; de 500 pesos para los alumnos que obtengan calificaciones de 6 a 7.5; de 600 pesos para los que obtengan de 7.5 a 9; y de 700 pesos mensuales a los de más de 9.
12. Debe garantizarse a todos los jóvenes, en edad de estudiar en el nivel superior, el ingreso a las universidades públicas. La meta debe ser que no haya rechazados y lograr 100 por ciento de cobertura.
13. Hay que convertir en realidad el derecho constitucional a la salud. Cuando menos debe otorgarse atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social.
14. Debe ampliarse el programa de leche Liconsa a más familias y mantenerse el mismo precio.
15. Es urgente instalar comedores o cocinas populares en las zonas más pobres del campo y la ciudad.
16. Deben bajarse de inmediato los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Es necesario tener presente que cuando el gobierno usurpador aumentó los precios de estos energéticos, utilizó como argumento de que los precios del petróleo habían subido en el mercado internacional. Sin embargo, ahora que los precios del petróleo han bajado, deben revertirse estos aumentos.
17. Es preciso frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la población en general.
En los 23 meses que lleva Calderón usurpando el gobierno, mientras el desempleo es el más alto de los últimos ocho años y el salario mínimo sólo se ha incrementado en 8 por ciento, el precio de la tortilla ha aumentado en 42 por ciento; el pan 60 por ciento; la leche 53 por ciento; el frijol 100 por ciento; la lenteja 130 por ciento; el arroz 130 por ciento; el aceite 130 por ciento; la carne de res 160 por ciento; la carne de cerdo 50 por ciento; el pollo 50 por ciento; el café 65 por ciento; el azúcar 40 por ciento; las pastas para sopa 62 por ciento; la gasolina 10 por ciento; el diesel 18 por ciento; el gas 20 por ciento; y la luz, sólo en lo que va del año, 100 por ciento.
Por eso, debe garantizarse que no sigan aumentando, es decir, que se congelen los precios de los siguientes alimentos, productos y servicios: tortilla, pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res y de cerdo, pollo, café, azúcar, pastas, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de vivienda, colegiaturas, predial y peaje de carreteras.
18. Debe establecerse la protección contra pérdidas de los Fondos de Pensiones de los Trabajadores. De acuerdo con datos de la Comisión del Ahorro para el Retiro (CONSAR), durante los últimos meses, las Afores han perdido 53 mil millones de pesos por la crisis financiera y por la irresponsabilidad de poner los ahorros en el mercado especulativo. Sin embargo, estas administradoras financieras reportaron ganancias por 11 mil millones de pesos por el cobro de onerosas comisiones.
En consecuencia, es necesario que intervenga el Estado y se revoque la decisión de privatizar el manejo de los fondos de retiro de los trabajadores. Es urgente evitar que los trabajadores y las clases medias sigan perdiendo sus fondos de pensiones que les permitirán vivir con decoro en la vejez.
Diputadas y Diputados del Frente Amplio Progresista:
Este programa de defensa de la economía popular, puede aprobarse en la Cámara de Diputados e incluirse en el presupuesto del año próximo.
Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre. Urge utilizar todos los instrumentos del Estado, en particular el presupuesto público, para apoyar y proteger al pueblo en estos tiempos difíciles.
Si se aprueba este plan anticrisis en el Congreso, es posible enfrentar el sentimiento de frustración y la incertidumbre que prevalece, creando un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México.
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