En México existe un panorama “desolador” en materia de derechos humanos, pues no hay coherencia entre la política internacional en defensa de esas garantías y la que se aplica en el ámbito nacional; el caso paradigmático es la violencia ejercida en San Salvador Atenco, en particular contra las mujeres, donde el Estado ejecutó actos de “tortura” que continúan “en la impunidad”, aseguró Amnistía Internacional (AI) sección México.
A dos años de la violación a los derechos humanos de habitantes de ese municipio, incluida la tortura sexual contra al menos 26 mujeres –cometida por elementos policiacos–, el organismo internacional realizó una campaña para exigir a las autoridades mexicanas justicia para ellas por medio de la presión de activistas de diversos países.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI-México, señaló que el objetivo de la campaña es aprovechar “la preocupación” que tiene el gobierno del país sobre cómo es vista en el ámbito internacional su labor en defensa de los derechos humanos.
En conferencia de prensa, se informó que a dos años de las agresiones contra mujeres en Atenco no existen policías consignados por delitos graves. Herrera Aragón indicó que mientras el Estado mexicano no reconozca públicamente que incurrió en abusos, y no se emprendan medidas que se traduzcan en reformas estructurales para garantizar los derechos humanos, no habrá justicia para las víctimas, además de que situaciones como las de Atenco continuarán presentándose.
En el llamado que hace, AI refiere que “la violación a los derechos humanos, el desigual acceso a la justicia y la impunidad no son tolerables en una sociedad civil comprometida con el respeto a toda persona y a la dignidad humana”.
En México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania y Bélgica se acumulan cientos de firmas dirigidas al titular de la Procuraduría General de la Repú- blica, Eduardo Medina Mora, como medida de presión ante la impunidad. Asimismo, se esperan los documentos, escritos o vía electrónica, de activistas de Dinamarca, Polonia, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Suiza y Suecia; además de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
“La palabra impunidad sigue siendo cosa de todos los días en México, en especial en el caso Atenco. Por ello, la solidaridad internacional permitirá darle relevancia al caso y todas estas voces llegarán al escritorio de Medina Mora”, aseguró el director de AI-México.
Por su parte, Jaqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –ONG que recientemente acompañó la denuncia que 11 mujeres agredidas sexualmente realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, señaló que hasta la fecha no hay autoridades ni policías consignados por delitos graves en ese caso, y solamente 21 han sido llamados por la justicia del estado de México por ilícitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos; 15 de ellos ya fueron exculpados, mientras que el resto enfrentan el proceso en libertad debido a que los delitos que se les achacan no son graves.
“Las mujeres no han recibido una reparación integral del daño ni han alcanzado justicia, por lo que exigimos que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consigne a los responsables de la tortura sexual”, señaló la abogada.
Agregó que “existe la esperanza” de que con la presión internacional se logre justicia, como se dio con la liberación, hace unos meses, de la indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida en Atenco y declarada por AI como presa de conciencia, por lo que hubo una amplia campaña internacional por su liberación.
A dos años de la violación a los derechos humanos de habitantes de ese municipio, incluida la tortura sexual contra al menos 26 mujeres –cometida por elementos policiacos–, el organismo internacional realizó una campaña para exigir a las autoridades mexicanas justicia para ellas por medio de la presión de activistas de diversos países.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI-México, señaló que el objetivo de la campaña es aprovechar “la preocupación” que tiene el gobierno del país sobre cómo es vista en el ámbito internacional su labor en defensa de los derechos humanos.
En conferencia de prensa, se informó que a dos años de las agresiones contra mujeres en Atenco no existen policías consignados por delitos graves. Herrera Aragón indicó que mientras el Estado mexicano no reconozca públicamente que incurrió en abusos, y no se emprendan medidas que se traduzcan en reformas estructurales para garantizar los derechos humanos, no habrá justicia para las víctimas, además de que situaciones como las de Atenco continuarán presentándose.
En el llamado que hace, AI refiere que “la violación a los derechos humanos, el desigual acceso a la justicia y la impunidad no son tolerables en una sociedad civil comprometida con el respeto a toda persona y a la dignidad humana”.
En México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania y Bélgica se acumulan cientos de firmas dirigidas al titular de la Procuraduría General de la Repú- blica, Eduardo Medina Mora, como medida de presión ante la impunidad. Asimismo, se esperan los documentos, escritos o vía electrónica, de activistas de Dinamarca, Polonia, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Suiza y Suecia; además de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
“La palabra impunidad sigue siendo cosa de todos los días en México, en especial en el caso Atenco. Por ello, la solidaridad internacional permitirá darle relevancia al caso y todas estas voces llegarán al escritorio de Medina Mora”, aseguró el director de AI-México.
Por su parte, Jaqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –ONG que recientemente acompañó la denuncia que 11 mujeres agredidas sexualmente realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, señaló que hasta la fecha no hay autoridades ni policías consignados por delitos graves en ese caso, y solamente 21 han sido llamados por la justicia del estado de México por ilícitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos; 15 de ellos ya fueron exculpados, mientras que el resto enfrentan el proceso en libertad debido a que los delitos que se les achacan no son graves.
“Las mujeres no han recibido una reparación integral del daño ni han alcanzado justicia, por lo que exigimos que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consigne a los responsables de la tortura sexual”, señaló la abogada.
Agregó que “existe la esperanza” de que con la presión internacional se logre justicia, como se dio con la liberación, hace unos meses, de la indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida en Atenco y declarada por AI como presa de conciencia, por lo que hubo una amplia campaña internacional por su liberación.
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