Pemex, IPAB, PGR, Función Pública y Hacienda, entre las dependencias que no entregan datos
Roberto Garduño
La comisión especial que investiga el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox denunció que los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón han reiterado que no colaborarán con ese grupo de trabajo, aduciendo restricciones de la Ley de Transparencia. Así, se anunció el emplazamiento a comparecer del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles; el director general de Aduanas, José Moisés Bravo, y del representante de la Contraloría de la Presidencia de la República.
Víctor Valencia de los Santos, Juan Guerra Ochoa y Manuel Portilla, integrantes de la comisión investigadora, informaron que resta concretar un convenio de colaboración y apoyo entre el órgano legislativo y la UNAM, “para que, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se procese y sistematice toda la información que han entregado las diferentes dependencias de gobierno; esto es de suma importancia, en virtud de que requerimos este apoyo para poder construir el informe final”.
En misiva al presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, los integrantes de la comisión, excepto los panistas, advierten que la “actitud recurrente de los titulares y la mayoría de los encargados de despacho del gobierno federal ha sido de no colaborar con esta comisión, aduciendo o argumentando restricciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en la que se nos niega acceso a documentación que, según ellos, se encuentra reservada, clasificada y en algunos casos hasta supuestamente inexistente.
“Dicha información negada ha impedido cumplir a cabalidad en tiempo y forma el cometido de investigación que nos encomendó esta soberanía, sin embargo para este efecto generamos una iniciativa de reforma al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que permita que las comisiones especiales tengan acceso a información reservada, y así poder cumplir con el espíritu y el propósito para el que son creadas las comisiones especiales.”
Por lo que hace a las dependencias que no han entregado información al grupo de trabajo que investiga el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox y su familia, se encuentran las siguientes: Pemex, IPAB, PGR, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sistema de Administración Tributaria y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Algunas denuncias presentadas por ciudadanos originarios de Guanajuato y Michoacán han solicitado la presencia física de los integrantes de esta comisión en sus entidades, con la finalidad de hacer entrega de documentación que sustente sus denuncias y solicitar el seguimiento respectivo de las mismas ante el Ministerio Público”.
Los diputados Valencia de los Santos, Guerra Ochoa y Portilla refirieron que en el acuerdo por el cual se crea la comisión se estableció que ésta podrá solicitar a la ASF auditorías y revisiones que le permitan determinar la veracidad o falsedad de los señalamientos realizados, cuyos resultados deberán ser públicos en su oportunidad
Roberto Garduño
La comisión especial que investiga el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox denunció que los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón han reiterado que no colaborarán con ese grupo de trabajo, aduciendo restricciones de la Ley de Transparencia. Así, se anunció el emplazamiento a comparecer del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles; el director general de Aduanas, José Moisés Bravo, y del representante de la Contraloría de la Presidencia de la República.
Víctor Valencia de los Santos, Juan Guerra Ochoa y Manuel Portilla, integrantes de la comisión investigadora, informaron que resta concretar un convenio de colaboración y apoyo entre el órgano legislativo y la UNAM, “para que, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se procese y sistematice toda la información que han entregado las diferentes dependencias de gobierno; esto es de suma importancia, en virtud de que requerimos este apoyo para poder construir el informe final”.
En misiva al presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, los integrantes de la comisión, excepto los panistas, advierten que la “actitud recurrente de los titulares y la mayoría de los encargados de despacho del gobierno federal ha sido de no colaborar con esta comisión, aduciendo o argumentando restricciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en la que se nos niega acceso a documentación que, según ellos, se encuentra reservada, clasificada y en algunos casos hasta supuestamente inexistente.
“Dicha información negada ha impedido cumplir a cabalidad en tiempo y forma el cometido de investigación que nos encomendó esta soberanía, sin embargo para este efecto generamos una iniciativa de reforma al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que permita que las comisiones especiales tengan acceso a información reservada, y así poder cumplir con el espíritu y el propósito para el que son creadas las comisiones especiales.”
Por lo que hace a las dependencias que no han entregado información al grupo de trabajo que investiga el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox y su familia, se encuentran las siguientes: Pemex, IPAB, PGR, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sistema de Administración Tributaria y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Algunas denuncias presentadas por ciudadanos originarios de Guanajuato y Michoacán han solicitado la presencia física de los integrantes de esta comisión en sus entidades, con la finalidad de hacer entrega de documentación que sustente sus denuncias y solicitar el seguimiento respectivo de las mismas ante el Ministerio Público”.
Los diputados Valencia de los Santos, Guerra Ochoa y Portilla refirieron que en el acuerdo por el cual se crea la comisión se estableció que ésta podrá solicitar a la ASF auditorías y revisiones que le permitan determinar la veracidad o falsedad de los señalamientos realizados, cuyos resultados deberán ser públicos en su oportunidad
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