La maquila en la refinaciónDavid Ibarra La crisis de Pemex reconoce muchas causas. Hay, sin embargo, un pecado original de orden financiero. A lo largo de más de dos décadas a Pemex se le han sustraído recursos más allá de lo razonable, hasta dañar la optimización de sus cadenas de valor agregado, la restitución de las reservas petroleras, la modernización de las instalaciones o el conjunto de las capacidades de hacer de la empresa.Más y más se ha confinado al país a producir en exceso crudos, mientras se importan más y más productos industrializados y petroquímicos. El desequilibrio medular de Pemex resalta palmariamente al observar que ocupa entre el cuarto y el sexto lugar como extractor mundial de crudos –con riesgo de sobreexplotar los yacimientos–, pero está ubicada hasta el decimoséptimo casillero en lo que respecta a reservas disponibles.Ahora se quiere dar otro paso en ese proceso desnacionalizador. Pasando por encima de problemas constitucionales, hoy se justifica ceder la refinación del futuro, convirtiéndola en maquila privada con el argumento de que Pemex-Refinación reconoce pérdidas, que es ineficiente, que desmerece en cualquier comparación competitiva internacional. Se olvida que se le han escatimado recursos para modernizarse, como lo demuestra el que en más de una década no se hayan construido nuevas capacidades productivas, que se le hayan negado fondos para resolver múltiples cuellos de botella en las plantas, que los trabajos de conservación y mantenimiento sean frecuentemente diferidos o se instrumenten sólo parcialmente, que se registren retrasos injustificables de los programas de reconfiguración de las instalaciones. Más aún, la gestión gerencial en el manejo de las refinerías de la paraestatal queda casi nulificada por el rígido sistema de precios de transferencia. En efecto, el gobierno fija los precios de venta de las gasolinas y se usan las cotizaciones de Houston para determinar el renglón dominante de los costos –el precio del crudo–, al cual pocas veces se le ajusta por razones de calidad –y por lo cual, seguramente resultaría inaceptable para los maquiladores potenciales–. En consecuencia, sus utilidades o pérdidas quedan básicamente predeterminadas. Para decirlo coloquialmente, se quiere una especie de comparación artificiosa entre tigre suelto (las plantas extranjeras) y burro amarrado (las de Pemex). Aun así, el margen de refinación de Cadereyta no desmerece de los obtenidos por las plantas estadunidenses de la costa atlántica.Entonces, más que condenar a los técnicos y trabajadores de Pemex, habría que rendirles homenaje por laborar en condiciones claramente adversas y, aun así, ser capaces de instrumentar numerosos proyectos ecológicos (17) que ya mejoran sustancialmente la calidad de los combustibles nacionales. Las razones con las que se quiere justificar la privatización, disfrazada de maquila de las futuras capacidades refinadoras, no sólo son insuficientes, son intrínsecamente espurias. Olvidan que ya hay conocimientos, capital humano y capacidades vernáculas para emprender esos proyectos de inversión productiva, que si algo no se sabe, la tecnología se puede adquirir fácilmente en el exterior, como también suplir a la golpeada proveeduría nacional de bienes de capital. Se olvida también que hay recursos financieros y suficientes márgenes gubernamentales de maniobra antes de quedar forzados a invitar a socios permanentes en la distribución de las rentas petroleras. Ahí están los 15 mil millones de dólares que se le han congelado a Pemex al obligarle a un superávit primario desmesurado en su presupuesto de 2008.En términos estratégicos se pasa por alto que el mercado internacional del petróleo ha cambiado radicalmente. El interés de empresas y países se desplaza hacia la industrialización de los hidrocarburos, hacia la refinación y la petroquímica. Las grandes trasnacionales buscan consolidar su posición en esos campos, y los países dueños de las reservas reivindican su soberanía sobre las mismas y emprenden su industrialización. Por eso es que sólo cuatro trasnacionales: Shell, Exxon, Texaco y Chevron, cuentan con cerca de 180 refinerías y que Petro-China, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Arabia Saudita dispongan de unas 80, mientras México tiene apenas seis y sólo dos medianamente modernas. Como se ve, el terreno de la competencia está desnivelado y el país pierde a pasos agigantados la capacidad estratégica de optimizar las cadenas petroleras de valor agregado y el aprovechamiento de su principal ventaja comparativa para involucionar a la posición modesta de vendedor de crudos e importador de hidrocarburos elaborados y de sus derivados industriales. En conclusión, mientras las empresas trasnacionales con diversas modalidades buscan afanosamente integrarse vertical y horizontalmente, como lo atestigua el que las fusiones y adquisiciones trasfronterizas de todo género sumasen más de 6 trillones anglosajones de dólares entre 1990 y 2004, o que casi llegasen a 1 trillón en 2005. A nosotros, en cambio, se nos propone caminar en reversa: disponiendo de una empresa integrada, la mayor del país, pretendemos curiosamente fraccionarla. l Ambición por las gasolinasJenaro Villamil El propósito de los impulsores de la reforma energética es abrir el mercado de las gasolinas a las trasnacionales. Exsubdirector comercial de Pemex, Javier Jiménez Espriú afirma lo anterior y aclara: eso nadie lo ha dicho porque no han analizado el contenido del artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. Una visión similar es la del exdirector de Pemex Francisco Rojas, quien aborda el caso en un artículo próximo a publicarse y cuya copia entregó a Proceso.La posibilidad de que empresas trasnacionales como Shell o Exxon tengan sus propias gasolineras en todo el país no es tan lejana.Las cinco iniciativas de Felipe Calderón en materia energética no sólo permitirán la inversión privada en refinación, transporte y almacenamiento de ductos, sino también la apertura total en el mercado de gasolinas y la privatización de un mercado interno de derivados de petróleo con un valor que oscila entre 75 mil y 80 mil millones de dólares."Si la reforma es aprobada, prepárense los mexicanos a pagar 11 pesos el litro de gasolina en lugar de 7 pesos y a ver estaciones de Exxon frente al Ángel de la Independencia", afirma a Proceso el ingeniero Javier Jiménez Espriú, exsubdirector comercial de Pemex.Jiménez Espriú llegó a esta conclusión después de un minucioso análisis de la redacción propuesta para el artículo 4 de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, iniciativa que ha sido considerada "abiertamente anticonstitucional" por los principales juristas que han participado en los cuatro foros de debate sobre la reforma energética organizados en el Senado.El texto de este artículo –que Jiménez Espriú lee ante este reportero– señala que "los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos".En paralelo, advierte, el artículo 14 de la misma iniciativa establece que los precios de las gasolinas estarán sujetos a regulación de precios, "salvo que existan condiciones de competencia efectiva, y los artículos 2 y 3 propuestos en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le dan a ésta la competencia de fijar los precios de venta de las gasolinas para Pemex".Y prosigue: "Resumiendo, lo que la iniciativa dispone es que los particulares puedan almacenar, transportar y distribuir gasolinas y que mientras no haya condiciones de competencia efectiva Pemex no puede vender por debajo de los precios que fije la Comisión Reguladora de Energía (CRE)."¿Cómo se pueden lograr condiciones de competencia efectiva, si no es mediante la participación de particulares vendiendo gasolinas en competencia con Pemex?", se pregunta Jiménez Espriú; "¿Cuál es el objeto que un regulador le fije los precios de venta de las gasolinas a Pemex si no es el de asegurar que Pemex no venda abajo del mercado haciéndole competencia desleal a los particulares que compitan con él en la venta de gasolinas?"Queda claro en la iniciativa que uno de sus efectos o propósitos es abrir el mercado de las gasolinas, y eso no se le ha dicho a la gente."Hasta ahora, en los cuatro debates realizados en el Senado ninguno de los defensores de las cinco iniciativas originales enviadas por Felipe Calderón han mencionado este punto; tampoco lo han hecho los críticos más importantes, que han participado por parte del Frente Amplio Progresista.Para Jiménez Espriú, "está tan enterrado y oscuro" este efecto en las iniciativas, que es difícil percatarse de ello, a menos que uno conozca la industria. Protagonista en los noventa de las negociaciones para que Pemex tuviera 2.5% de las acciones de Repsol, cuando esta empresa española aún era mayoritariamente estatal, y artífice del contrato de Deer Park "que no es un contrato de maquila" como insiste el gobierno federal, Jiménez Espriú recuerda un episodio sobre la importancia del mercado de las gasolinas:Dice: "Cuando fui subdirector comercial implementamos lo de las franquicias de las gasolinas. En una reunión en Los Pinos en la que estuvimos el presidente Carlos Salinas, José María Córdoba, Pedro Aspe, Francisco Rojas y yo, se discutió que en lugar de las franquicias se privatizaran las gasolineras."La frase común es que estaban tan mal las gasolineras de Pemex que 'no se podía entrar ni a los baños'. Yo me opuse. Pedro Aspe sugirió que vinieran los privados. Argumentamos. Salinas nos dijo 'párenle'. 'El primer día que aparezca una gasolinera abanderada por Shell se cae el gobierno', nos dijo."En el sureste del país tan sólo el Grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es propietaria de 37 franquicias de gasolineras y aspira a abrir otras 14 en otras entidades del país, de acuerdo con la propia información del Corporativo GES.Gasolinas y gasLa tesis de Jiménez Espriú coincide también con el escenario que prevé Francisco Rojas, exdirector de Pemex, quien participará este martes 27 en el quinto foro de debate, junto con Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM; Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas; Mario Molina, Premio Nobel de Química, y otros cuatro ponentes.En su documento La reforma energética factible, elaborado para la Fundación Luis Donaldo Colosio, Rojas advierte que los promotores de una nueva ley reglamentaria para el artículo 27 constitucional señalan que esta reforma no basta. En su análisis sobre las iniciativas presentadas por Calderón, del cual Proceso obtuvo una copia, advierte Rojas: Ellos "recomiendan la modificación de otras disposiciones que permitan la construcción de refinerías, se elimine el control de precios en las gasolinas y otros derivados, se permita la libre importación y exportación, en su caso, de los refinados, y se autoricen gasolineras extranjeras para que compitan con Pemex en un ambiente de libre mercado".Así mismo, advierte que los cambios incluidos en el artículo 4 de la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 contravienen "la integralidad de la industria petrolera nacional" y "ceden el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera".También indica que se permitirá que las empresas privadas "interconecten la explotación y elaboración del gas natural, eliminando la restricción para conectarse de los pozos a las plantas", según el artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y permitirá que "las empresas privadas transporten, almacenen y distribuyan el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, sin la obligación de venderle los excedentes a Pemex", de acuerdo con el artículo 4 de la iniciativa presidencial de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.En este punto, Jiménez Espriú coincide con Rojas: el gobierno de Calderón pretende liberalizar el mercado de las gasolinas como antes se hizo con el gas natural.Afirma Jiménez Espriú: "Todos sabemos que en el caso del gas natural, aunque los particulares no puedan procesarlo en México, sí pueden importarlo, transportarlo y distribuirlo en competencia con Pemex y que la Comisión Reguladora de Energía ya implementó la regulación forzando a Pemex a no vender por debajo de los precios internacionales del gas. La reforma pone a las gasolinas exactamente en la misma situación que el gas natural".Contratos de riesgo y "empresas espejo"En el segundo foro de debate, el jueves 15, Jiménez Espriú cosechó el mayor número de aplausos después de su ponencia en la que concluyó que el gobierno de Calderón "nos engañó antes con la amenaza y nos quiere engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo".Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien participó en el cuarto foro, la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional es "absolutamente anticonstitucional", específicamente el artículo 6 de dicha iniciativa "es un verdadero caballo de Troya en el cuerpo normativo del artículo 27 de la Constitución".Es en este artículo donde se permiten los llamados "contratos de desempeño" o "contratos de incentivos" que para todos los críticos, incluyendo al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro; a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial del PRD, y al exprocurador general Sergio García Ramírez, constituyen "contratos de riesgo", prohibidos en la Constitución.La redacción del texto del artículo 6 señala expresamente: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad".Para los constitucionalistas que han participado en los debates del Senado esta redacción claramente constituye un contrato de riesgo. Jiménez Espriú advierte que esta condición está más clara en los artículos 45 y 46 de la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que "disfraza los contratos de riesgo" e inclusive permiten la adjudicación directa en los casos que las contrataciones tengan el propósito "de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios"."Imagínese, si se disfraza de 'innovación tecnológica' un contrato de exploración en aguas profundas, se podrá adjudicar de manera directa", advierte Jiménez Espriú.La discrecionalidad es más clara en el caso del artículo 46 de la misma iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, que ordena: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo de proyectos exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genera ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo".Para Jiménez Espriú, quien firmó "miles de contratos" como sudirector comercial de Pemex, no hay duda de que las últimas frases de este artículo constituyen un "contrato de riesgo".Por su parte, Francisco Rojas advierte que también la redacción de los artículos 3 y 7 de la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex podría dar lugar a las llamadas "empresas espejo", que "podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, adelantándose, además, a la 'balcanización' de actividades estratégicas reservadas al Estado".De acuerdo con Rojas, la creación de las llamadas "empresas espejo" sería una manera alterna de permitir contratos privados si se evitan los "contratos de maquila" que se proponen en materia de refinación.El tema de las "empresas espejo" ha interesado a varios gobernadores priistas, como el veracruzano Fidel Herrera, y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Ambos participarán en el foro del jueves 29, junto con el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el gobernador michoacano, Leonel Godoy, y los gobernadores panistas de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Morelos, Marco Antonio Adame.Las derrotasHasta ahora, en el Senado se han realizado cuatro foros de debate, en los que los defensores de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no han sido capaces de argumentar a favor de la constitucionalidad de las reformas. Al intentar defenderlas, se han entrampado; incluso han llegado a reconocer que es posible que la ley reglamentaria del artículo 27 modifique las prohibiciones constitucionales y que el término "explotación" no abarca a todas las fases de la industria petrolera, por lo que está permitida la inversión privada.Empezaron mal los defensores. El martes 13 de mayo el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, abandonó la sesión después de sostener un breve debate con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del general que expropió el petróleo en 1938, advirtió que existe una "visión falaz, pretendidamente catastrofista, desde el diagnóstico de Calderón".Cárdenas abrió la línea de crítica que continuó en el debate sobre el análisis jurídico. Advirtió que la apertura a la inversión privada en refinerías, transporte y almacenamiento significa que "no se proponen reformar la Constitución, sino que alientan a violarla" a través de una ley reglamentaria.El exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, insistió en que se trata de avanzar en la "privatización parcial" de la industria petrolera, que constituye una "operación hormiga" para minar a Pemex. Dos días después, Porfirio Muñoz Ledo destacó que más que operación hormiga, las iniciativas de Calderón representan una "operación roedora, ratonera". "Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política", sentenció Muñoz Ledo.Los argumentos defensores han sido endebles. El dirigente panista, Germán Martínez; el escritor Héctor Aguilar Camín, y el investigador Carlos Elizondo Mayer-Serra, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desacreditaron a los opositores como "teólogos del petróleo", presas de la "mitología nacionalista", e insistieron que hay que superar los "tabúes constitucionales", pero no respondieron a críticas puntuales sobre el contenido de las iniciativas expresadas por David Ibarra, Lorenzo Meyer y Arnaldo Córdova.Las dos primeras sesiones, del 13 y 15 de mayo, permitieron que los integrantes del equipo de López Obrador –Claudia Sheinbaum y José Agustín Ortiz Pinchetti– perfilaran las líneas principales de la propuesta del FAP.En la tercera sesión del debate, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro, apoyó la propuesta lopezobradorista de una consulta popular antes de que se voten las iniciativas. En la última sesión, a pesar de que existían cuatro firmes defensores –Sergio López Ayllón, Miguel Carbonell, José Roldán Xopa y Fauzi Hamdan**–, la nota la dieron los priistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, rechazó las presiones del presidente Felipe Calderón, expresadas el martes 20, mientras que el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, afirmó: "Sí creo que en esta iniciativa hay cuestiones inconstitucionales. Creo que hay por lo menos tres partes en donde hay vicios de inconstitucionalidad".Desde la primera sesión, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, advirtió que su partido, clave para la aprobación de las iniciativas, "no aceptará la privatización abierta o encubierta de las refinerías... No apoyaremos cambio alguno para compartir la renta petrolera".http://www.proceso.com.mx/index.html
**Nota de la R. El panista Fauzi Hamdam es el socio del bufet de abogados de Diego Fernández de Cevallos que han litigado casos millonarios contra el Estado mexicano, siendo funcionarios públicos.(!)
De pasadita
Saben quién es el abogado que se encarga de promover legalmente los amparos en contra de la ley que prohíbe fumar en casi todos lados, pues se trata de Fauzi Hamdam, el ex senador del PAN. Hasta ayer se notificó de cuando menos ocho juicios de amparo que promovió el panista, de esos, a siete se les negó, pero sigue en el negocio. Así que cuando la registradora suena, de nada sirven las ideologías. ¡Qué cosa!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?
section=opinion&article=040o1cap
La Jornada Semanal, domingo 9 de abril de 2006 núm. 579
Ley de radio y tv
Marco Antonio Campos
Después de la vergonzoza aprobación por el Senado de la llamada popularmente Ley Televisa quisiera dejar sobre la mesa algunas preguntas:
¿En qué limbo estaban los diputados de todos los partidos cuando, deliberadamente o por consigna, aprobaron de manera unánime el año pasado la Ley de Radio y Televisión sin darse cuenta de que era la primera cuchillada al vientre de la naciente democracia? ¿Habría pasado una ley así si se hubiera planteado hace dos años o el año próximo y no en año electoral, lo que permitió presiones de todo tipo de los jerarcas de los medios televisivos a través de cabilderos, legisladores afines a sus intereses o por boca de sus conductores de noticiarios? ¿Temieron Calderón y Madrazo acabar emblemáticamente como el gallo degollado en Valle de Bravo por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, cuando amenazó que así caerían los que no apoyaran la nueva ley de medios, y demostrar quiénes eran verdaderamente los que mandaban en México? ¿Por qué los senadores hicieron caso omiso de las opiniones de quienes verdaderamente conocen la materia, como los especialistas en medios, los académicos y juristas? ¿Por qué en México tenemos que padecer, menos a servidores públicos que a vividores de la política, como son los casos de vergüenza nacional de los senadores Emilio Gamboa, Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdam, Enrique Jackson, y personajes menores como Héctor Osuna y Érick Rubio, quienes han estado siempre al servicio de los hombres del dinero, quienes buscan el poder por el poder y de quienes no se recuerda jamás una decisión o acción importantes que hayan favorecido a los más desprotegidos, a los que quizá sólo conocen en las películas o por la lectura del periódico? ¿Debemos acaso olvidar, como un ejemplo, que Diego Fernández de Cevallos se ha enriquecido en los últimos años, por medio del coyotaje jurídico de alto nivel, en millonarios procesos judiciales a través del tráfico de influencias que le da su trabajo como legislador, y que Fernández de Cevallos fue pieza clave, con Fauzi Hamdam y Felipe Calderón, entre otros, para que pudiera darse el gran latrocinio del Fobaproa? ¿Debemos olvidar que Fernándeez de Cevallos, alto baluarte de la corrupción, recibió de regalo un gran terreno en Punta Diamante del entonces gobernador priísta de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu y fue el principal orquestador de su partido para que se quemaran las boletas electorales que quizá hubieran mostrado el fraude electoral de 1988? ¿Por qué los senadores, que defendían la nueva ley de medios, no se cansaron de decir hasta el hartazgo de que con ella terminaba la discrecionalidad del Estado en el otorgamiento de las concesiones, pero no dijeron que empezaba la discrecionalidad del poder del duopolio televisivo? ¿Por qué, si los senadores sabían perfectamente que condenaban a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como dijo la senadora Dulce María Sauri, "a ser una oficialía de partes para entregar y procesar documentación", se prestaron a aplastarla? ¿Por qué si conocían perfectamente que condenaban a la prehistoria tecnológica a las radios y televisiones culturales, universitarias, comunitarias e independientes, no hicieron nada por protegerlas contra el poder del duopolio televisivo? ¿Por qué, si sabían inequívocamente que una ley así iba contra las reglas del TLC y los tratados con la comunidad europea, no cuidaron la imagen internacional de México? ¿Por qué ignoraron la recomendación de la ONU? ¿Alguien, pero de veras alguien cree que el presidente Vicente Fox va a ejercer el derecho de veto contra la nueva ley sabiendo de la protección que recibirá de las grandes televisoras cuando deje el poder? ¿No se dio cuenta Televisa, por su lado, que toda la credibilidad ganada en los últimos años la tiraba al despeñadero (TV Azteca no ha tenido jamás ninguna), y que perdió toda autoridad ética para juzgar objetivamente la situación política, económica y social del país, a través de sus noticieros y reportajes? ¿Tendremos que acostumbrarnos de ahora en adelante en México a tener como forma de gobierno la telecracia, y que, si bien, el presidente legal se llamará López Obrador o Calderón o Madrazo, el verdadero presidente de hecho será Emilio Azcárraga Jean y el vicepresidente Ricardo Salinas Pliego?
**Nota de la R. El panista Fauzi Hamdam es el socio del bufet de abogados de Diego Fernández de Cevallos que han litigado casos millonarios contra el Estado mexicano, siendo funcionarios públicos.(!)
De pasadita
Saben quién es el abogado que se encarga de promover legalmente los amparos en contra de la ley que prohíbe fumar en casi todos lados, pues se trata de Fauzi Hamdam, el ex senador del PAN. Hasta ayer se notificó de cuando menos ocho juicios de amparo que promovió el panista, de esos, a siete se les negó, pero sigue en el negocio. Así que cuando la registradora suena, de nada sirven las ideologías. ¡Qué cosa!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?
section=opinion&article=040o1cap
La Jornada Semanal, domingo 9 de abril de 2006 núm. 579
Ley de radio y tv
Marco Antonio Campos
Después de la vergonzoza aprobación por el Senado de la llamada popularmente Ley Televisa quisiera dejar sobre la mesa algunas preguntas:
¿En qué limbo estaban los diputados de todos los partidos cuando, deliberadamente o por consigna, aprobaron de manera unánime el año pasado la Ley de Radio y Televisión sin darse cuenta de que era la primera cuchillada al vientre de la naciente democracia? ¿Habría pasado una ley así si se hubiera planteado hace dos años o el año próximo y no en año electoral, lo que permitió presiones de todo tipo de los jerarcas de los medios televisivos a través de cabilderos, legisladores afines a sus intereses o por boca de sus conductores de noticiarios? ¿Temieron Calderón y Madrazo acabar emblemáticamente como el gallo degollado en Valle de Bravo por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, cuando amenazó que así caerían los que no apoyaran la nueva ley de medios, y demostrar quiénes eran verdaderamente los que mandaban en México? ¿Por qué los senadores hicieron caso omiso de las opiniones de quienes verdaderamente conocen la materia, como los especialistas en medios, los académicos y juristas? ¿Por qué en México tenemos que padecer, menos a servidores públicos que a vividores de la política, como son los casos de vergüenza nacional de los senadores Emilio Gamboa, Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdam, Enrique Jackson, y personajes menores como Héctor Osuna y Érick Rubio, quienes han estado siempre al servicio de los hombres del dinero, quienes buscan el poder por el poder y de quienes no se recuerda jamás una decisión o acción importantes que hayan favorecido a los más desprotegidos, a los que quizá sólo conocen en las películas o por la lectura del periódico? ¿Debemos acaso olvidar, como un ejemplo, que Diego Fernández de Cevallos se ha enriquecido en los últimos años, por medio del coyotaje jurídico de alto nivel, en millonarios procesos judiciales a través del tráfico de influencias que le da su trabajo como legislador, y que Fernández de Cevallos fue pieza clave, con Fauzi Hamdam y Felipe Calderón, entre otros, para que pudiera darse el gran latrocinio del Fobaproa? ¿Debemos olvidar que Fernándeez de Cevallos, alto baluarte de la corrupción, recibió de regalo un gran terreno en Punta Diamante del entonces gobernador priísta de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu y fue el principal orquestador de su partido para que se quemaran las boletas electorales que quizá hubieran mostrado el fraude electoral de 1988? ¿Por qué los senadores, que defendían la nueva ley de medios, no se cansaron de decir hasta el hartazgo de que con ella terminaba la discrecionalidad del Estado en el otorgamiento de las concesiones, pero no dijeron que empezaba la discrecionalidad del poder del duopolio televisivo? ¿Por qué, si los senadores sabían perfectamente que condenaban a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como dijo la senadora Dulce María Sauri, "a ser una oficialía de partes para entregar y procesar documentación", se prestaron a aplastarla? ¿Por qué si conocían perfectamente que condenaban a la prehistoria tecnológica a las radios y televisiones culturales, universitarias, comunitarias e independientes, no hicieron nada por protegerlas contra el poder del duopolio televisivo? ¿Por qué, si sabían inequívocamente que una ley así iba contra las reglas del TLC y los tratados con la comunidad europea, no cuidaron la imagen internacional de México? ¿Por qué ignoraron la recomendación de la ONU? ¿Alguien, pero de veras alguien cree que el presidente Vicente Fox va a ejercer el derecho de veto contra la nueva ley sabiendo de la protección que recibirá de las grandes televisoras cuando deje el poder? ¿No se dio cuenta Televisa, por su lado, que toda la credibilidad ganada en los últimos años la tiraba al despeñadero (TV Azteca no ha tenido jamás ninguna), y que perdió toda autoridad ética para juzgar objetivamente la situación política, económica y social del país, a través de sus noticieros y reportajes? ¿Tendremos que acostumbrarnos de ahora en adelante en México a tener como forma de gobierno la telecracia, y que, si bien, el presidente legal se llamará López Obrador o Calderón o Madrazo, el verdadero presidente de hecho será Emilio Azcárraga Jean y el vicepresidente Ricardo Salinas Pliego?
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