Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) manifestaron su enérgico rechazo a “condicionamiento alguno que implique acciones injerencistas que lesionen la autodeterminación y soberanía nacional, en el contexto del proyecto de cooperación conocido como Iniciativa Mérida”.
En la Comisión Permanente, el senador del PRI Mario López Valdez expuso que el Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó 350 millones de dólares en asistencia para México en el contexto del proyecto de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Con la información disponible, abundó, se dice que “México recibiría esos fondos sólo si el gobierno de Estados Unidos considera que el gobierno mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares son ajenas a violaciones a los derechos humanos o a la corrupción. Se dice también que los condicionamientos obligan al gobierno estadunidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército Mexicano”.
López Valdez recordó que la suma anunciada originalmente eran 500 millones de dólares, solicitados por el gobierno de George W. Bush. “No sólo se redujeron los recursos de la famosa Iniciativa Mérida, sino que la propuesta es condicionarlos de tal manera que mucho nos recuerdan el obsoleto mecanismo de la certificación con el que anteriores gobiernos estadunidenses calificaban, según sus particulares criterios, qué país cumplía o no con la lucha contra el narcotráfico, procedimiento unilateral del gobierno de aquel país que, por cierto, fue abandonado por su espíritu injerencista, y que México rechazó en defensa del principio de soberanía y autodeterminación”.
Hoy, advirtió el senador, “ese espíritu indeseable parece resurgir, y la mayoría de los legisladores de Estados Unidos deben convencerse de que el ánimo de cooperación que existe para combatir el crimen organizado sólo podrá ser fructífero en un marco de mutuo respeto y esfuerzos recíprocos entre ambos países”.
En tanto, el senador del PRD Pablo Gómez dijo que “hay un matiz aquí, porque el Senado de Estados Unidos está planteando como condiciones cosas que yo podría suscribir: respeto en México a los derechos humanos, castigo en tribunales civiles a los militares que violan derechos humanos, cosas que siempre hemos defendido en contra de los excesos de la policía y de cualquier autoridad.
“Lo que no se puede admitir es la condición, aunque también se podría criticar, como ellos hacen respecto a México, la violación a derechos humanos en Guantánamo, la guerra de Irak, que ha sido llevada a cabo por el crimen organizado, porque ése sí es crimen organizado”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) manifestaron su enérgico rechazo a “condicionamiento alguno que implique acciones injerencistas que lesionen la autodeterminación y soberanía nacional, en el contexto del proyecto de cooperación conocido como Iniciativa Mérida”.
En la Comisión Permanente, el senador del PRI Mario López Valdez expuso que el Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó 350 millones de dólares en asistencia para México en el contexto del proyecto de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Con la información disponible, abundó, se dice que “México recibiría esos fondos sólo si el gobierno de Estados Unidos considera que el gobierno mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares son ajenas a violaciones a los derechos humanos o a la corrupción. Se dice también que los condicionamientos obligan al gobierno estadunidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército Mexicano”.
López Valdez recordó que la suma anunciada originalmente eran 500 millones de dólares, solicitados por el gobierno de George W. Bush. “No sólo se redujeron los recursos de la famosa Iniciativa Mérida, sino que la propuesta es condicionarlos de tal manera que mucho nos recuerdan el obsoleto mecanismo de la certificación con el que anteriores gobiernos estadunidenses calificaban, según sus particulares criterios, qué país cumplía o no con la lucha contra el narcotráfico, procedimiento unilateral del gobierno de aquel país que, por cierto, fue abandonado por su espíritu injerencista, y que México rechazó en defensa del principio de soberanía y autodeterminación”.
Hoy, advirtió el senador, “ese espíritu indeseable parece resurgir, y la mayoría de los legisladores de Estados Unidos deben convencerse de que el ánimo de cooperación que existe para combatir el crimen organizado sólo podrá ser fructífero en un marco de mutuo respeto y esfuerzos recíprocos entre ambos países”.
En tanto, el senador del PRD Pablo Gómez dijo que “hay un matiz aquí, porque el Senado de Estados Unidos está planteando como condiciones cosas que yo podría suscribir: respeto en México a los derechos humanos, castigo en tribunales civiles a los militares que violan derechos humanos, cosas que siempre hemos defendido en contra de los excesos de la policía y de cualquier autoridad.
“Lo que no se puede admitir es la condición, aunque también se podría criticar, como ellos hacen respecto a México, la violación a derechos humanos en Guantánamo, la guerra de Irak, que ha sido llevada a cabo por el crimen organizado, porque ése sí es crimen organizado”.
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